La Justicia Federal rechazó este lunes el amparo, presentado por la madre de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo que había solicitado el retiro de un mensaje de Javier Milei en X (exTwitter), donde se lo vinculaba con una supuesta «operación kirchnerista». La resolución del juez Alberto Recondo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre la voz personal del presidente y su investidura institucional.
El fallo sostiene que Milei «puede expresarse con su propia voz» en redes sociales, sin que cada mensaje sea necesariamente una manifestación del cargo presidencial. En consecuencia, la demanda fue desestimada: «(El juez) cuando dicta el fallo, lo primero que dice es que Javier Milei actuó como un particular, no actuó como presidente en su cuenta de X», explicaron.
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La posición de la familia: «cobertura de impunidad total al presidente cuando se expresa»
Andrés Gil Domínguez, abogado de la familia de Ian Moche, cuestionó la resolución por lo que considera una contradicción de base. «Cuando dicta el fallo, lo primero que dice es que Javier Milei actuó como un particular. Pero si esto era tan claro, el juez nunca habría podido tramitar esta causa en la Justicia Federal, sino en un fuero civil entre particulares«, señaló en diálogo con Mitre.
El letrado también subrayó que el reposteo de Milei fue lesivo para el niño: «Dicen que no hay ningún tipo de agravio para Ian. En el posteo uno claramente observa los sinónimos indignos que se le otorgan. Si eso no es una expresión que agravia a un niño de 12 años que pertenece al espectro autista, no sé qué lo es».
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Para Gil Domínguez, el fallo implica otorgar una cobertura de inmunidad al mandatario: «Lo que ha hecho el juez, confundiendo la historia de la libertad de expresión, es darle una suerte de impunidad total. Puede decir lo que quiera porque no lo hace como presidente y ejerce su libertad como si fuese un ciudadano común».
El abogado adelantó que la resolución será apelada, al considerar que «no solo no reconoce los derechos de Ian, sino que opera como un efecto multiplicador de las agresiones que ya venía recibiendo él y su familia».
La mirada técnica
Desde otra perspectiva, el abogado especialista en derecho informático, Matías Altamira, evaluó que el fallo introduce matices importantes sobre el rol de Milei en redes. «El caso es interesante porque toca muchas aristas», señaló.
Altamira advirtió además sobre la diferencia entre publicar un mensaje propio y retuitear. Cuando uno repostea, no necesariamente adhiere al 100% a ese mensaje previo. «(Milei) no se cruza con el chico, esa para mí es la interpretación, y que también la hace el juez. Al que le pegó con toda fue al periodista, del niño no hace referencia alguna«, sostuvo en diálogo con Cadena3.
En cuanto al dilema de fondo, el especialista coincidió con el planteo judicial: «El uso que hace de sus redes no tiene un nivel institucional. El juez hace todo un agregado analizando si esa cuenta pertenece al gobierno argentino o es una cuenta personal».
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Incluso trazó un paralelo con el caso Libra, donde Milei utilizó su cuenta, nuevamente, para dar visibilidad al lanzamiento de una criptomoneda impulsada por simpatizantes libertarios. «Está en el mismo rol», dice Altamira. «Tendría responsabilidad persona y no institucional», por ende, «No es el gobierno argentino quien tiene que responder contra el Ian Moche, sino Milei, el economista». Un punto clave, además, es que la denuncia presentada por la familia del niño se dirigió contra el Estado nacional y no contra Milei en calidad de particular.
Al mismo tiempo, planteó que sería un error cercenar los derechos individuales del jefe de Estado: «Nosotros le cercenaríamos el derecho a la libertad de expresión mientras es presidente. Por supuesto que tiene que cuidarse y con el caso Libra fue un tremendo susto y dejó de hacer esas actividades propias personales, salvo estos comentarios contra los periodistas que los mantiene».
¿Presidente o economista?
El trasfondo del fallo deja planteado un interrogante más amplio: ¿Qué peso tiene la palabra de Milei en redes? Para sus críticos, cada publicación conlleva inevitablemente la voz del presidente de la Nación y, por lo tanto, debería medirse con responsabilidad institucional. Para sus defensores, en cambio, se trata de un espacio de expresión personal que no puede limitarse sin caer en censura previa.