El Gobierno avanzó con el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), fijando un plazo de ocho meses para la venta de las acciones, que en un 90 por ciento están en manos del Estado nacional. Además definió que será un banco público el encargado de la tasación de la firma, y que aquellas acciones que no logren cederse a un “operador estratégico” serán vendidas en la plaza bursátil. Se calcula que para abril de 2026 la compañía que brinda el servicio, esencial, de agua potable y saneamiento en la región del Amba pasará su administración a manos privadas.
Mediante la publicación de una resolución este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno inició formalmente el proceso de privatización de AySA, designando a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como unidad ejecutora “especial temporaria”. La Agencia será la encargada de contratar un banco público para tasar el paquete accionario de AySA. Esto debido a que, según los considerandos de la Resolución 1198/2025, el Tribunal de Tasaciones de la Nación “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa”.
Además, se estipuló el plazo para la venta del paquete accionario mayoritario a un “operador estratégico”. Ese plazo será de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución. Es decir que para abril del año próximo, AySA no responderá más a los parámetros del Estado y pasará a ser administrada por una empresa privada, siguiendo criterios de rentabilidad.
Las entidades de defensa del consumidor alertan sobre la posibilidad de un nuevo tarifazo en el servicio de agua potable y alcantarillado, que empiece a excluir a la población más vulnerable, con el riesgo que el servicio se concentre en las zonas más pudientes del Amba, como ocurrió durante la privatización en los años noventa.
Anticipándose, la Unión de Usuarios y Consumidores junto con Consumidores Libres presentaron una demanda ante la justicia federal para prohibir los cortes de servicio en caso de mora. Algo que el Gobierno había habilitado por decreto cuando modificó más de 100 artículos del marco regulatorio de AySA preparando el terreno para la privatización. La cautelar declara la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del decreto 493/2025 que dispone la privatización de AySA en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.
La Resolución 1198/2025 llega a casi un mes del decreto que puso en marcha la privatización del servicio, amparado en el artículo 7 de la Ley Bases. La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía (al igual que la unidad ejecutora) es la responsable de elaborar la documentación técnica, licitatoria y contractual para la privatización. Y es también la encargada de garantizar la continuidad del servicio público de agua potable y saneamiento mientras se lleva adelante el proceso de cambio a manos privadas.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue la encargada de confeccionar el informe circunstanciado, proponiendo el procedimiento más adecuado para llevar adelante la privatización, tal como establece la Ley 23.696 de Reforma del Estado y privatizaciones de 1989. La concesión se realizará mediante licitación pública nacional e internacional.
Según establece la normativa, el proceso de venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.
En resumen, mediante la Resolución 1198/2025 se pone en marcha la privatización de AySA, es decir la venta del 90 por ciento del paquete accionario que hoy está en manos del Estado. Al menos el 51 por ciento se venderá a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional y se establece un plazo de ocho meses para concretar la operación. Existe alarma en el sector de los consumidores, hasta ahora la política de la empresa era no penalizar con el corte de suministro a las familias vulnerables que no podían pagar el servicio. También temen por un nuevo aumento de las tarifas, que se sume a los que viene ya implementando el gobierno de Javier Milei.
El agua es un servicio esencial para la vida humana, al igual que la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes que resultan fundamentales para el saneamiento básico. Por esto se considera que el servicio debe ser administrado con un criterio social, no empresario.