El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de la Capital Federal condenó a cinco años de prisión a Carlos Alberto Rohm, ex vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos de clientes de la entidad, desde mediados de los años 90 hasta el cierre definitivo del banco en 2002. La causa fue impulsada en su momento por las ex diputadas nacionales Elisa Carrió y Graciela Ocaña, quienes denunciaron que el BGN fue el banco que «más dinero de la corrupción lavó en la Argentina durante los años 90».
La sentencia, recién difundida ahora, también dispuso el decomiso de más de US$ 45 millones y la condena de otros ocho ex directivos y funcionarios del banco a penas de ejecución condicional: Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli.
El caso cobró especial relevancia pública durante la crisis de 2001, cuando se denunció que, en plena vigencia del “corralito” del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, se habrían transferido al exterior decenas de millones de dólares, eludiendo las restricciones impuestas a los ahorristas.
Para los fiscales, se trató de un “caso arquetípico de manejo desleal e infiel de fondos confiados”, sostenido por una estructura organizada que actuó de forma coordinada durante varios años. Entre las maniobras discutidas se destacaron la fuga de capitales, como los mecanismos para sacar dinero del país evadiendo los controles del Banco Central y las restricciones vigentes en la época; operaciones en beneficio propio, referida a directivos y miembros de la entidad que utilizaban el banco para la compraventa de bonos en su favor; préstamos vinculados, como la asistencia financiera ilícita a empresas y personas relacionadas con los directivos; captación marginal, como ingreso de fondos por fuera de los registros oficiales y apropiación de títulos valores ajenos.
Rohm también había llegado a juicio por administración fraudulenta, pero ese delito fue declarado prescripto por el paso del tiempo para todos los imputados, debido al tiempo transcurrido. También estuvo imputado en la causa un hermano de Carlos, José «Puchi» Rohm, quien murió en abril de 2014.
La sentencia ordenó el decomiso de US$ 45.685.000, de los cuales 25.494.000 corresponden a Credit Suisse y 19.740.000 a JP Morgan Chase Bank, entidades financieras que habían tenido participación accionaria en el BGN. Ese dinero se restituirá a las víctimas, cuyo perjuicio económico fue estimado en al menos 19 millones de dólares. También se dispuso el decomiso de fondos provenientes de la venta de acciones de Química Estrella S.A., que serán aplicados al pago de una indemnización por daño moral fijada en $98.614.500.
Durante el juicio declararon cerca de cien testigos, entre ellos ahorristas afectados y funcionarios del Banco Central.
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