lunes, marzo 2, 2026

Por qué «Chiqui» Tapia se atribuye el mérito por la liberación de gendarme Nahuel Gallo

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«Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia», posteó Claudio «Chiqui» Tapia en su cuenta de X. El presidente de la AFA dio a conocer que el gendarme argentino detenido en Venezuela fue liberado por el gobierno bolivariano conducido por Delcy Rodriguez. 

El regreso a Argentina del gendarme Nahuel Gallo marcó este 1 de marzo el cierre de un capítulo que duró 448 días de detención en Venezuela, pero también desató una polémica política sobre quiénes hicieron posible su regreso. Gallo, un cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y su hijo, en lo que Caracas calificó como una entrada irregular con supuestos vínculos con actividades desestabilizadoras, acusación que Argentina siempre rechazó y calificó de arbitraria. 

Desde los primeros días de su detención, su caso generó tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y el país caribeño. La Cancillería argentina emitió comunicados oficiales denunciando la irregularidad de la detención, calificándola como “abierta violación de sus derechos fundamentales” y advirtiendo que “Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos”.  La detención también fue condenada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que llegó a calificarla como “crimen de lesa humanidad” en función de su contexto y tratamiento. 

Durante más de un año, la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei sostuvo reclamos públicos por la liberación del oficial. En distintos momentos, miembros del Ejecutivo insistieron en que se trabajaba para su retorno: “No hemos dejado ni un solo día de trabajar para ver cómo traer a Nahuel Gallo… lo vamos a traer”, había declarado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre de 2025. Sin embargo, en los últimos meses esos reclamos se combinaron con acusaciones cruzadas de inacción por parte del Ejecutivo, en un contexto de relaciones tensas con el régimen chavista y de ausencia de embajador argentino en Caracas. 

En medio de esa disputa diplomática que no lograba un avance visible, surgió una gestión paralela hasta entonces inédita: la intervención de Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien a través de contactos con la Federación Venezolana de Fútbol y el entorno político de Caracas tendió un “puente humanitario” para destrabar el caso. Según fuentes periodísticas, Tapia estableció vínculos con el presidente de la federación venezolana, Jorge Giménez Ochoa, cercano a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que facilitó conversaciones informales que derivaron en la liberación del gendarme. 

La acción de la AFA incluyó preparar un vuelo en una aeronave privada vinculada a la entidad para traer de regreso a Gallo, y la difusión de una fotografía en la que se lo veía junto a dirigentes de la asociación deportiva antes de su partida hacia el país. En un comunicado difundido por la misma entidad, Tapia agradeció a las autoridades venezolanas por “su sensibilidad y disposición… demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento”. Según informes periodísticos, el avión pertenece a Baires Fly, una empresa que suele asociarse al entorno del máximo representante del fútbol local y fue puesto a disposición para facilitar el viaje de regreso a Buenos Aires.

La gestión de Tapia no solo sorprendió a los medios, sino que también generó una fuerte reacción en el gobierno nacional, profundamente enemistado con el máximo referente del fútbol argentino, que optó por destacar en sus comunicados otros apoyos internacionales, como los de los gobiernos de Italia, Estados Unidos y de la ONG Foro Penal, sin mencionar la participación de la AFA. Ese silencio oficial fue interpretado por sectores de la oposición como un intento de minimizar un éxito que el Ejecutivo no había conseguido por los canales diplomáticos tradicionales desde hace bastante tiempo.

En ese sentido, dentro del ámbito local, la diputada Marcela Pagano se convirtió en una de las voces más críticas de la gestión oficial. A través de su cuenta de X, Pagano sostuvo que la liberación fue posible gracias a “la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA”, y fustigó la Cancillería acusándola de “inoperancia oficial”.En sus palabras textuales: “Superamos la inoperancia oficial… Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común”. 

La intervención de Pagano (pareja de Franco Bindi, operador con nexos con Venezuela, Rusia y Bolivia), en la gestión diplomática también se inscribió en una serie de denuncias de distintos sectores opositores que cuestionaron la falta de resultados concretos de la política exterior  de Casa Rosada en el caso y la necesidad de optar por canales alternativos por fuera del oficialismo para liberar a Gallo. Se estima que el contexto venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la proclamación de Rodriguez como titular del Ejecutivo bolivariano, incidió en los resultados  favorables.

Este operativo final que permitió la salida de Gallo de Venezuela fue interpretado tanto como un gesto humanitario del régimen chavista en un contexto de excarcelaciones políticas como un triunfo de gestiones paralelas que el Estado argentino tradicional no había concretado. Las fuentes coinciden en que, más allá de la vía utilizada, la prioridad fue asegurar la libertad de Gallo y su pronto reencuentro con su familia.

De manera sorpresiva, al cerrar este capítulo, la figura de Tapia  y Pagano irrumpen como actores inesperados en la escena diplomática y la política interna, que ademas abre un debate sobre la eficacia de la política exterior formal frente a redes informales en casos de crisis como el de Gallo. Ante esta novedad, la pregunta que queda pendiente es cómo el gobierno de Javier Milei no la vio venir. 

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